La Indicación Geográfica Protegida (IGP) es una figura europea de protección que identifica un vino vinculado a un territorio concreto, cuando su calidad, reputación u otras características son atribuibles a ese origen geográfico. En España, los vinos acogidos a una IGP pueden utilizar el término tradicional «Vino de la tierra», por lo que ambas expresiones aparecen habitualmente juntas en las etiquetas: Vino de la Tierra de Castilla, Vino de la Tierra de Cádiz o Vino de la Tierra de Castilla y León, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura reconoce expresamente «Vino de la Tierra» como término tradicional reservado a vinos acogidos a una IGP.
La IGP comparte con la Denominación de Origen Protegida (DOP) la idea fundamental de que un vino no es únicamente el resultado de una variedad y una técnica de elaboración, sino también de un lugar. Sin embargo, el vínculo exigido con el territorio es diferente y, en general, el marco de producción de una IGP permite un mayor margen de elección. Los pliegos de condiciones establecen para cada indicación las variedades autorizadas, el área delimitada, los tipos de vino, las condiciones de producción y elaboración y los sistemas de control, de modo que no existe un único modelo de «Vino de la Tierra» aplicable a toda España.
La normativa europea establece que, para un vino con indicación geográfica, al menos el 85 % de las uvas utilizadas debe proceder de la zona geográfica correspondiente, y la elaboración debe realizarse en ella. Los pliegos de cada IGP pueden establecer condiciones adicionales o más restrictivas.
Esta mayor flexibilidad ha convertido a los Vinos de la Tierra en un espacio especialmente interesante para la experimentación y la diversidad. Un elaborador puede encontrar en una IGP la posibilidad de trabajar con variedades no contempladas por una denominación de origen cercana, combinar uvas de una manera que no encaje en su pliego de condiciones, utilizar determinadas técnicas de elaboración o plantear un estilo de vino que quede fuera de los parámetros de la denominación. No significa que pueda hacer cualquier cosa: simplemente trabaja dentro de otro conjunto de reglas.
Por eso, un Vino de la Tierra no es necesariamente un vino «sin denominación». Al contrario: cuando utiliza legalmente una IGP, está acogido a una figura de protección europea, cuenta con un pliego de condiciones y está sometido a controles. La diferencia fundamental respecto a un vino que no está acogido a ninguna figura geográfica es precisamente que existe un vínculo reconocido y protegido con un territorio determinado.
Tampoco debe interpretarse la IGP como una categoría de calidad inferior a la DOP. Las dos son figuras de protección geográfica, pero responden a requisitos y niveles de vinculación territorial diferentes. Que un productor elija elaborar bajo una IGP puede obedecer a razones estilísticas, comerciales o simplemente a que su vino no encaja en las reglas de una DOP concreta. En España existen numerosos ejemplos de vinos de gran personalidad elaborados bajo la mención Vino de la Tierra.
El sistema resulta especialmente útil para comprender la diversidad del viñedo español. Algunas IGP abarcan territorios extensos y reúnen una enorme variedad de suelos, climas, variedades y estilos; otras tienen un ámbito mucho más reducido. La IGP Vino de la Tierra de Castilla y León, por ejemplo, permite elaborar vinos procedentes de un amplio territorio de la comunidad autónoma y acoge una diversidad considerable de variedades y estilos.
En definitiva, la IGP ofrece protección geográfica sin imponer necesariamente el grado de uniformidad o de especialización que caracteriza a determinadas DOP. Es un espacio en el que territorio y libertad de elaboración pueden convivir y que, lejos de ser una segunda división del vino, se ha convertido en uno de los lugares donde muchos elaboradores encuentran margen para explorar nuevas interpretaciones del viñedo.
