El Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero ha presentado el Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido, una declaración con la que reclama a la Junta de Castilla y León una ordenación del suelo que frene la proliferación de instalaciones ganaderas intensivas y plantas de biogás en la comarca. La iniciativa nace ya con el respaldo de la D. O. Ca. Rioja, la D. O. Jerez y la D. O. Bierzo, junto a otras denominaciones de origen españolas, además de bodegas, cooperativas, viticultores y entidades locales.
El documento se dio a conocer el 1 de julio en una rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo Regulador, en Roa, y parte de una premisa que sus firmantes consideran urgente: la Ribera del Duero no es solo una denominación de origen, sino un modelo de desarrollo territorial que tarda décadas en construirse y que puede deteriorarse en pocos años si la regulación no acompaña su crecimiento. Sobre esa base, el manifiesto reclama a la Administración autonómica una respuesta normativa clara para ordenar la implantación de granjas intensivas y plantas de biogás en el territorio protegido.
Un vacío normativo, no un conflicto entre sectores
El texto sitúa el origen del problema en un vacío legal y no en un enfrentamiento entre actividades agrarias. El Decreto-Ley 4/2020 de la Junta de Castilla y León, aprobado para agilizar la economía tras la pandemia, eliminó para numerosas instalaciones ganaderas la obligación de obtener licencia ambiental ordinaria y abrió un régimen de comunicación que permite autorizar explotaciones de impacto significativo sin evaluación técnica previa suficiente. El manifiesto se apoya en un informe técnico elaborado por el Gabinete de Ingeniería Rural para el Consejo Regulador en 2021 (expediente BU-032/21), que identifica los compuestos que generan estas instalaciones y cuantifica las distancias a las que pueden afectar a los viñedos y al trabajo en las bodegas.
El presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, quiso despejar cualquier lectura de la iniciativa como una ofensiva contra el sector ganadero: «No es un manifiesto contra la ganadería ni contra ningún sector de la economía rural. Es un manifiesto a favor de la ordenación responsable del territorio y de la compatibilidad real entre usos productivos». Pascual sintetizó así el diagnóstico de fondo del documento: «El problema no es la ganadería: es una regulación que no distingue entre instalaciones compatibles y las que no lo son por su tamaño, su proximidad o su impacto acumulado».
El manifiesto añade un matiz que atraviesa buena parte de su argumentario: las plantas de biogás y los proyectos de valorización energética de purines, al garantizar salida a los residuos ganaderos, actúan como un factor de atracción para nuevas explotaciones porcinas intensivas en su radio de abastecimiento. El documento reclama por ello que la evaluación de estos proyectos tenga en cuenta no solo su impacto individual, sino el efecto acumulado del conjunto de instalaciones que contribuyen a generar.
Cinco medidas y un fondo económico que respalda la reclamación
Los firmantes piden a la Junta de Castilla y León cinco medidas concretas: restaurar la licencia ambiental ordinaria para toda instalación ganadera intensiva en el ámbito de la Denominación, sin excepción por tamaño; establecer distancias mínimas de protección, con base técnica objetiva, respecto a viñedos, bodegas, establecimientos de enoturismo y núcleos rurales; revisar el Decreto-Ley 4/2020 para sustituir el régimen de comunicación ambiental por un procedimiento de evaluación proporcional al tamaño, la ubicación y el impacto acumulado de cada explotación; dotar a los ayuntamientos de instrumentos de ordenación del suelo que les permitan actuar con seguridad jurídica y sin exposición a responsabilidad patrimonial; y crear un mecanismo estable de consulta y coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la Consejería competente.
El manifiesto respalda su reclamación con cifras. Según el estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers por encargo del propio Consejo Regulador en noviembre de 2025, la D. O. Ribera del Duero genera un impacto directo e inducido de 1.333 millones de euros en el PIB nacional, sostiene 20.916 empleos directos e indirectos en su área de influencia y aporta 459 millones de euros anuales en recaudación fiscal. A esa aportación económica se suma su papel turístico, con más de 600.000 visitantes en 2023, y su función como factor de fijación de población en una comarca con riesgo de despoblamiento.
Una declaración abierta con respaldo creciente
El manifiesto ha sido suscrito hasta la fecha por bodegas, cooperativas y viticultores de la Denominación, así como por consejos reguladores de otras denominaciones de origen españolas, entre ellas la D. O. Ca. Rioja, la D. O. Jerez, la D. O. Bierzo, la D. O. Cariñena y la D. O. Arlanza. A estas adhesiones se suman asociaciones empresariales del sector, entidades locales y firmantes a título individual, y el documento permanece abierto a nuevas incorporaciones de organizaciones, empresas, instituciones y ciudadanía.
El texto va dirigido en primer lugar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, aunque también interpela a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y a los ayuntamientos del territorio, señalados como los primeros en asumir el impacto de una regulación que, según el Consejo Regulador, no distingue entre instalaciones compatibles y las que no lo son. El manifiesto resume así su razón de ser: proteger la Ribera del Duero equivale a proteger un modelo de futuro para la España rural.