La vendimia 2025 se cerrará con menos uva, más cara y con un dilema legal

Según la Federación Española del Vino (FEV), las bodegas españolas prevén una cosecha un 15 % menor mientras suben los precios para cumplir la Ley de la Cadena, pero alertan de una paradoja normativa que podría perjudicar tanto a viticultores como a bodegueros

Sant Sadurní d’Anoia, capital mundial del cava, ha sido esta semana el escenario donde la Federación Española del Vino (FEV) ha puesto cifras al presentimiento que flotaba en el ambiente desde hace semanas: la vendimia 2025 será recordada como la del año en que hubo poca uva pero muy buena, y en que cumplir la ley se convirtió en un rompecabezas inesperado.

Los números de una cosecha esquiva

Las proyecciones no dejan lugar a dudas: España producirá entre un 10 y un 15 % menos de vino y mosto que el año pasado, quedándose en torno a los 31-33 millones de hectolitros frente a los 36,8 de 2024. Muy lejos quedan ya aquellos 40 millones de hectolitros que se alcanzaron en las campañas de 2021 y 2022, cuando el cielo fue más generoso con los viñedos españoles.

Pero estas cifras globales esconden dramas locales mucho más intensos. En algunas regiones, las olas de calor, la sequía persistente y el mildiu —ese hongo oportunista que aprovecha la humedad— han provocado caídas de producción de hasta el 50 %. Media cosecha perdida antes siquiera de empezar la vendimia.

En este contexto de escasez, las bodegas asociadas a la FEV han salido al paso de las críticas de las organizaciones agrarias con un mensaje claro: “Cumplimos escrupulosamente con la Ley de la Cadena Agroalimentaria”. Y ese cumplimiento, paradójicamente, está creando una situación sin precedentes, siempre según la FEV.

Con menos uva disponible, los precios han subido significativamente para garantizar que se cubran los costes efectivos de producción de los viticultores. Es la ley de la oferta y la demanda cumpliendo con la ley de la Cadena, un matrimonio que está provocando incrementos notables en toda la cadena de valor del sector.

La paradoja legal que nadie anticipó

Pero aquí surge el dilema que ha llevado a la FEV a pedir “cierta flexibilidad” a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). La normativa actual no permite modificar al alza el precio pactado una vez entregada la uva, incluso cuando la merma de producción es mayor de lo esperado.

Imaginemos la situación: una bodega pacta un precio justo en julio basándose en una previsión de cosecha. Llega septiembre, la vendimia arranca y resulta que el viticultor entrega un 40 % menos de uva de lo previsto debido a las inclemencias climáticas. La bodega estaría dispuesta a pagar más por kilo para compensar esa pérdida, pero la ley no lo permite. Resultado: el bodeguero podría estar incumpliendo involuntariamente la normativa al no cubrir el coste real de producción, y el viticultor cobra menos de lo que su comprador estaría dispuesto a pagar.

La Comisión Ejecutiva de la FEV no ha querido tampoco dejar pasar la oportunidad de recordar lo evidente: la actividad vitivinícola está absolutamente ligada a la climatología. Esta vendimia adelantada —anormalmente temprana en el calendario— es otro recordatorio de que el cambio climático no es una amenaza futura sino una realidad presente que exige “actuar con firmeza en medidas de adaptación”.

La mayor calidad no consuela a quienes miden su éxito por volumen

Si hay un lado positivo en esta vendimia complicada es la calidad. Los expertos coinciden en que, aunque escasa, la uva que llega a las bodegas es de excelente calidad. Es el viejo axioma vitivinícola: lo que se pierde en cantidad se gana en concentración y carácter.

Mientras las últimas uvas entran en las bodegas y las fermentaciones burbujean en los depósitos, el sector vitivinícola español afronta una campaña que será recordada no solo por sus desafíos climáticos, sino por haber puesto sobre la mesa la necesidad de adaptar las normativas a una realidad cada vez más volátil. Porque en tiempos de cambio climático, la rigidez legal puede convertirse en un obstáculo para hacer precisamente lo que la ley pretende: garantizar precios justos para todos los eslabones de la cadena.

Quizá parte del problema se encuentre en seguir apostando por un modelo productivo basado en el volumen que debería tratar de ir transformando poco a poco su objetivo en la elaboración de menos graneles y más vino de calidad. El debate está servido.

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