El acuerdo alcanzado en la UE abre nuevas vías para ajustar la producción, impulsar el enoturismo y regular el vino sin alcohol, pero las organizaciones agrarias advierten de que sin financiación suficiente las medidas pueden quedarse en papel mojado.
Bruselas ha cerrado un acuerdo que puede cambiar el paisaje vitivinícola europeo en los próximos años. El pasado 4 de diciembre, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo dieron luz verde al llamado “paquete del vino”, un conjunto de medidas que actualiza las normas que rigen la producción y comercialización del vino en Europa. Aunque el texto es técnico y puede parecer lejano para quien simplemente disfruta de una copa, sus efectos podrían notarse en las viñas, en las etiquetas y, a medio plazo, en la oferta que llegue a las tiendas y las mesas de los consumidores.
¿Qué incluye el acuerdo y quién paga “la fiesta”?
El nuevo marco aborda varios frentes. Por un lado, busca equilibrar la oferta y la demanda en un mercado donde el consumo de vino lleva años cayendo en Europa. Para ello, contempla la posibilidad de financiar el arranque de viñedos, es decir, retirar cepas de producción de forma voluntaria y con compensación económica para los viticultores. El objetivo es evitar excedentes que hundan los precios y hagan inviable la actividad de muchas explotaciones.
El paquete también introduce medidas para facilitar la adaptación al cambio climático —sequías, heladas tardías, nuevas plagas—, simplifica el etiquetado, regula por primera vez términos como “vino sin alcohol” o “vino reducido en alcohol”, impulsa el enoturismo como vía de diversificación para las bodegas y refuerza la lucha contra enfermedades de la vid como la flavescencia dorada, una plaga transmitida por un insecto que puede devastar viñedos enteros y que ya preocupa en varias regiones europeas.
Pero, ¿quién va a financiar todo esto? Aquí es donde entra la polémica. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha valorado positivamente el contenido del acuerdo, pero alerta de un riesgo: que la financiación de estas medidas dependa en exceso de lo que cada país decida aportar.
Hasta ahora, el vino ha contado con un presupuesto específico dentro de la Política Agraria Común (PAC), el sistema de ayudas con el que Europa apoya a su agricultura. Ese dinero “reservado” garantizaba que todos los viticultores europeos, fueran españoles, franceses o italianos, tuvieran acceso a las mismas herramientas de apoyo. Si en la próxima PAC ese presupuesto específico desaparece o se diluye, cada gobierno nacional decidirá cuánto destina al vino. Y no todos tienen la misma voluntad ni los mismos recursos.
ASAJA pone el ejemplo de Francia, donde el Estado complementa las ayudas europeas con fondos propios de forma habitual. Si España no hace lo mismo, advierte la organización, los viticultores españoles competirán en desventaja en un mercado único donde sus rivales sí contarán con respaldo público.
¿Por qué debería importarle esto a quien bebe vino?
El viñedo no es solo una actividad económica. En España ocupa amplias zonas del interior peninsular donde hay pocas alternativas productivas. Mantiene empleo, fija población en pueblos que de otro modo se vaciarían y conserva paisajes que forman parte de la identidad de regiones enteras. Si las explotaciones dejan de ser viables, ese tejido se rompe.
Además, el equilibrio entre oferta y demanda afecta directamente a lo que encontramos en el mercado. Un exceso de producción puede abaratar los precios, pero también puede llevar a bodegas a cerrar o a reducir la calidad para competir. Un sector ordenado y con apoyo suficiente tiene más capacidad para invertir en calidad, sostenibilidad e innovación.
Por ahora, el acuerdo europeo es un marco de posibilidades. Que esas posibilidades se conviertan en realidad dependerá, en buena medida, de los presupuestos que lo acompañen.