¿Existe un cártel del cartón que encarece el embalaje del vino? La CNMC investiga los acuerdos entre los “cartoneros”

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en la fabricación de cartón ondulado tras realizar inspecciones entre el 6 y el 9 de octubre. Las bodegas españolas podrían estar pagando precios coordinados si se confirman los acuerdos sospechados.

Cuando un viticultor planta una viña, sabe que tardará cuatro o cinco años en producir sus primeras uvas. De manera análoga, quien invierte en un bosque para obtener celulosa destinada al cartón ondulado también necesita paciencia —entre seis y hasta 40 años, en función de la especie plantada y el clima—.

Así que tanto el bosque certificado como el viñedo se rigen por la paciencia del ciclo biológico, una característica fundamental que los distingue de la mayoría de las producciones agrícolas: la oferta es rígida, pero la demanda es elástica. Las viñas y los bosques se plantan una vez, producen al cabo de los años, y su cantidad no puede ajustarse rápidamente a los vaivenes del mercado.

Por ello, si los hábitos del consumo cambian rápidamente, se produce un desequilibrio que afecta gravemente a los precios. Si se demanda más cartón del que puede producirse, su precio se dispara, del mismo modo que si se vende menos vino del que se produce, su precio cae. Son la espada de Damocles que comparten tanto los viticultores como los “cartoneros”

Precisamente esa rigidez estructural es la que ha puesto en alerta a la CNMC. Entre el 6 y el 9 de octubre, la autoridad española de competencia realizó inspecciones en varias fábricas de cartón ondulado, esa última “piel” que protege el fruto de un año de trabajo en el campo. La investigación examina la posibilidad de que los fabricantes hayan alcanzado acuerdos para coordinación de precios, reparto de clientes, pactos de no agresión e intercambio de información sensible.

Un sector que dispara frecuentemente las alarmas

No es la primera vez que el sector del cartón ondulado atrae la atención de los guardianes de la competencia. En 2015, la CNMC sancionó con 57,7 millones de euros a 18 empresas y a la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) por prácticas muy similares: recomendaciones colectivas, intercambios de información, acuerdos de precios y reparto de clientes entre 2002 y 2013.

Los consumidores hemos entendido que el cartón es más sostenible que el plástico y hemos decidido que preferimos la compra on-line al comercio de proximidad, multiplicando nuestra demanda de cartón de embalaje, cuya oferta es estructuralmente rígida. Pero ¿estamos realmente dispuestos a afrontar el coste que eso supone?

Lo que hace particularmente delicado este sector es su estructura económica. A diferencia de otros mercados donde la oferta puede adaptarse con relativa rapidez, los fabricantes de cartón ondulado operan con una base de capacidad productiva que no puede aumentarse de un día para otro. Esa rigidez, paradójicamente, puede convertirse en una tentación: si todos los productores coordinan sus movimientos, evitan la guerra de precios destructiva que caracteriza a otros sectores. Y lo cierto es que ese “entendimiento” es relativamente fácil, ya que el grueso del mercado del cartón de embalaje se reparte entre pocos y grandes grupos, como puede verse en el despiece al final de la noticia.

Las bodegas españolas, que dependen de este embalaje para comercializar sus productos, se encuentran en una posición vulnerable. No pueden cambiar de proveedor con facilidad, ni pueden producir su propio cartón. Su demanda es relativamente inelástica: necesitan embalar, sí o sí. Y si los precios están coordinados, no tienen escapatoria.

Las inspecciones realizadas entre el 6 y el 9 de octubre son, formalmente, un paso previo a la posible apertura de un expediente sancionador. Esto significa que la CNMC tiene indicios suficientes como para registrar las sedes de las empresas, pero aún no ha abierto formalmente un procedimiento sancionador. Si la investigación avanza, podría derivar en sanciones de hasta el 10 % del volumen de negocios del ejercicio anterior por empresa.

La CNMC no ha identificado públicamente a las empresas inspeccionadas ni ha revelado qué documentación o información ha encontrado en las registros. Es una práctica habitual en estas fases preliminares: preservar la presunción de inocencia mientras se recopilan pruebas.

Sin embargo, la investigación envía un mensaje claro a todo el sector: la rigidez de la oferta no justifica la coordinación de precios. Como explica la propia CNMC, la lucha contra los cárteles es una de sus prioridades porque su impacto en los consumidores (las bodegas lo son, en este caso) y en el funcionamiento de los mercados es especialmente grave.

Tanto los bodegueros como los propios “cartoneros” tienen herramientas para denunciar estas prácticas

Para empresas que sospechen que están siendo víctimas de estas prácticas, o que conozcan acuerdos ilegales, la CNMC dispone de herramientas. El Programa de Clemencia permite a empresas participantes en un cártel obtener inmunidad total o parcial de multas si aportan pruebas que faciliten la detección del acuerdo. Además, si finalmente son sancionadas, no se les aplicaría la prohibición de contratar con administraciones públicas.

También existe el Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), una plataforma en línea que permite denunciar prácticas anticompetitivas de forma anónima. Bodegas, distribuidores u otros agentes del sector vitivinícola que sospechen de coordinación de precios en cartón ondulado pueden utilizar esta herramienta sin revelar su identidad.

La investigación está en sus primeras fases. Pasarán meses, probablemente años, antes de que la CNMC publique sus conclusiones. En cualquier caso, es bueno recordar que, como casi todo en esta vida, no hablamos de una historia de buenos y malos, de extorsionadores y extorsionados, de blanco y negro; hay una gran escala de grises en una realidad en la que los consumidores hemos entendido que el cartón es más sostenible que el plástico (porque lo es) y hemos decidido que preferimos que aquello que compramos llegue directamente a nuestra casa en lugar de adquirirlo en el comercio de proximidad, multiplicando nuestra demanda de cartón de embalaje sin estar, lógicamente, dispuestos a afrontar el coste que eso supone; un coste que alguien tendrá que pagar y que, como de costumbre, acaba repercutiendo, en mayor medida, en el último eslabón de la cadena.