Las denominaciones de origen españolas presentan a Bruselas su hoja de ruta para 2027

Las figuras de calidad vitivinícolas y agroalimentarias españolas han trasladado a la Comisión Europea sus demandas estratégicas para un futuro reforzado de las indicaciones geográficas. El encuentro, celebrado en la Representación de la Comisión en España con Diego Canga Fano, director general adjunto de la Dirección General de Agricultura (DG AGRI), reunió a la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y a Origen España, ambas representativas de las figuras de calidad españolas.

La jornada, titulada “Impulsando las indicaciones geográficas: un plan de acción para las IIGG”, sirvió como plataforma para que las denominaciones de origen planteen sus propuestas ante el compromiso de la Comisión de elaborar un Plan de Acción para las Indicaciones Geográficas en 2027. Las peticiones se estructuran alrededor de dos vectores estratégicos: reforzamiento interno de los consejos reguladores y mejora del posicionamiento de estos productos ante consumidores y mercados.

El fortalecimiento de las instituciones gestoras pasa por dotación financiera aumentada que permita ejecutar funciones de certificación, control de producto, protección de marca y promoción. Las denominaciones reclaman también que administraciones públicas —tanto estatales como la propia Comisión— aceleren sus procesos de resolución en solicitudes de modificación de pliegos de condiciones, permitiendo adaptación más ágil a dinámicas de mercado. Paralelamente, solicitan que productores adscritos a figuras de calidad accedan con prioridad a ayudas europeas, y que se establezca un marco legal claro que frene la competencia que representan las marcas colectivas regionales para las denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP).

Consumidores, educación y gobernanza: tres frentes de visibilidad

El segundo eje de demandas se centra en ampliar el reconocimiento social de estas figuras. Las administraciones públicas deberían ejecutar campañas institucionales dirigidas a consumidores finales y distribución comercial para incrementar conocimiento sobre figuras de calidad. Simultáneamente, se solicita simplificación de procedimientos administrativos para acceder a ayudas europeas de promoción de estos productos.

La arquitectura educativa europea constituye otro flanco de intervención: los sistemas educativos deben incorporar contenidos sobre alimentación e indicaciones geográficas en sus currículos, generando familiaridad desde edades tempranas. Las compras públicas de productos agroalimentarios deberían reservar una proporción presupuestaria específica para adquisición de productos con indicación geográfica, consolidando demanda institucional.

David Palacios, presidente de CECRV, subraya que es necesario que Bruselas y los Estados miembros reconozcan plenamente qué son estas figuras y cuál es su aportación real a territorios rurales europeos y, particularmente, a múltiples comarcas españolas. Las denominaciones aplaudan el compromiso comunitario de desarrollar iniciativas y herramientas que permitan fortalecer la cohesión interna de estas figuras y faciliten su reconocimiento y valoración por parte de consumidores.

Finalmente, las demandas incorporan elementos de gobernanza: creación de un Observatorio Europeo de Indicaciones Geográficas y recopilación sistemática de información sectorial por parte de instituciones europeas y Estados miembros, no solo sobre variables productivas y comerciales sino también sobre aportaciones socioeconómicas de estas figuras a sus territorios, evidenciando su impacto más allá de magnitudes mercantiles.

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